El tema central de este encuentro, Los Municipios y el Combate a la Pobreza en Centro América, encuentra sus antecedentes en épocas brumosamente lejanas de nuestra historia común. Ya desde los tiempos legendarios de don Pedro de Alvarado y la sin ventura doña Beatriz, los Ayuntamientos, tanto en lo que hoy es la República de Guatemala como en otras partes del istmo centroamericano, tenían ciertas responsabilidades en lo que correspondía al bienestar de la población, si bien el carácter segregacionista de los patrones de asentamiento urbano y la injusticia prevaleciente en las relaciones sociales, hicieron que muchas de las soluciones planteadas no pasasen de las palabras o los papeles.

La óptica con que se miraba a la pobreza, tanto entre los que la sufrían como entre los que se juzgaban llamados a aliviarla, era poco propicia para ir más allá de lo utópico o, cuando mucho, de las soluciones provisionales, casuísticas o coyunturales, y en todo caso siempre asistenciales y estigmatizantes.

Por otra parte, los Ayuntamientos, tanto en las ciudades y villas de españoles como en los pueblos indígenas, representaron más los intereses de clase de sus integrantes que los de la comunidad como un todo. Con la Independencia, el problema de la pobreza en Centro América y lo inadecuado de los medios para combatirla, no sólo persistieron, sino que en algunos aspectos se hicieron más graves.

Hoy toda nuestra región, afortunadamente, vive bajo un régimen de recuperada institucionalidad. En muchos aspectos, también han mejorado los índices correspondientes a la producción, la rentabilidad de las empresas, la existencia y el funcionamiento de los servicios y el monto de las inversiones.

Sin embargo, las lecciones de la historia nos demuestran con claridad que todo eso puede significar poco y durar menos, si no se traduce en una mejor calidad de vida para las poblaciones o si la riqueza potencial o efectivamente creada se ve afectada por fenómenos tales como la corrupción y el despilfarro. Cuando advertimos que la situación social y económica de una gran parte de nuestra población sigue siendo de pobreza, y los índices de desarrollo continúan arrojando cifras alarmantes sobre las condiciones de educación, salud y nutrición, es forzoso reflexionar sobre el camino a seguir para generar un cambio cualitativo en la realidad de nuestra región.

No es ya válido suponer que los centroamericanos son pobres porque la región sea pequeña en dimensiones o carezca de oro, diamantes o petróleo, o contentarnos con atribuirle la responsabilidad efectiva o hipotética de esa pobreza a los patrones coloniales de dominación, al imperialismo o a la globalización. En el mundo desarrollado abundan los ejemplos de países que cuentan con un crecimiento sostenible y un bienestar generalizado, sin tener grandes extensiones de territorio ni copiosos recursos naturales y que en su pasado tienen páginas incluso más trágicas y turbulentas que las de nuestra historia. Lo que me interesa poner de relieve, más que los orígenes de la pobreza centroamericana, es la urgencia de encontrar nuevos mecanismos para combatirla y el papel que en su diseño y ejecución deben tener las instituciones municipales.

Implícita o explícitamente, las Constituciones y leyes de todos nuestros países ponen énfasis en el carácter autónomo y representativo de los órganos municipales. En una democracia funcional y efectiva, las Corporaciones Municipales, deben ser ante todo artífices y promotoras del desarrollo comunal. Y hay que poner el énfasis en la palabra comunal, porque muy poco habremos avanzado si las municipalidades se limitan a ser voceros de los intereses de ciertos grupos o agentes pasivos del Gobierno Central. Al tener a la comunidad como destinataria de sus empeños, la municipalidad puede hacer verdaderamente efectiva la legitimidad democrática.

En el desarrollo de las comunidades centroamericanas, el Gobierno Central ha sido, históricamente, el gran proveedor de recursos y, consecuentemente, el gran tomador de decisiones relativas a qué debe hacerse o cuándo o cómo debe hacerse. Aunque esto a veces puede ser oportuno y hasta necesario, en otras oportunidades ha sido negativo para las poblaciones involucradas, en el tanto que se decide por ellas sin tomar en cuenta sus aspiraciones o sus necesidades reales, en el mejor estilo de aquel pensamiento del despotismo ilustrado de todo para el pueblo pero sin el pueblo.

Al respecto, resulta de la mayor importancia replantearse las relaciones entre el Gobierno central y los gobiernos locales, a efecto de que éstos adquieran o recuperen competencia sobre una serie de asuntos que pueden atender mejor que aquél; y de que se incremente la coordinación entre funcionarios nacionales y municipales. La descentralización administrativa, en el buen sentido, lejos de debilitar al Gobierno, lo fortalece y fomenta la gobernabilidad, ya que lo aleja del peligro de abarcarlo todo y no cumplir debidamente con nada.

Si pensamos en tantos problemas grandes y pequeños de nuestros países, resulta también inevitable percatarse que los planteamientos de índole nacional en muchas oportunidades dejan de lado, la dimensión local. Cuando nos enfocamos específicamente sobre el tema del combate a la pobreza, es indiscutible que las Municipalidades, por su contacto directo con la realidad de su circunscripción, pueden conocer y comprender mejor los problemas de sus comunidades y encontrar soluciones más duraderas que las que se puedan concebir en un despacho de la a veces lejana capital.

En mayor o menor medida, existe hoy en todos los países de Centro América una tendencia a dotar a los gobiernos locales de facultades y recursos que les permitan cumplir adecuadamente con el papel que les corresponde en una democracia. Tanto en el plano jurídico como en el material, parece evidente que su posición ha mejorado. Sin embargo, para que ese avance no se quede solamente en el ámbito legal o presupuestario, se requiere complementarlos progresivamente con acciones de capacitación, que fortalezcan la capacidad técnica y el acervo ético de los funcionarios municipales y sobre todo, a propiciar y a fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Las autoridades locales deben desempeñar un papel fundamental en la articulación y coordinación de las voluntades, empeños y recursos de la comunidad, que sumados a los del Gobierno central y a los de las propia Municipalidad, se conjuguen para enfrentar con éxito los desafíos del presente y el porvenir. Para asegurar el adecuado funcionamiento de ese esquema y la correcta inversión de los recursos disponibles, es indispensable la existencia de mecanismos efectivos de control ciudadano y de rendición de cuentas, que aseguren a todos los interesados que las autoridades están cumpliendo con sus deberes y responsabilidades.

La mayoría de los empeños realizados en materia de lucha contra la pobreza en Centro América no han repercutido en un mejoramiento sustancial de la calidad de vida de nuestros pueblos. Los esfuerzos aislados de corte asistencial, como el reparto ocasional de víveres, ropa o medicinas, apenas sirven para aliviar necesidades inmediatas del que recibe o tranquilizar superficialmente la conciencia del que da.

Los programas de naturaleza institucional dirigidos por el Gobierno central, y respaldados muchas veces por la cooperación internacional, han sido importantes, generando esperanzas mucho mayores, pero no han estado exentos de graves deficiencias, burocracia y, lamentablemente, hasta despilfarro y malversación de recursos. Por otra parte, en ambos tipos de estrategia se mantiene en la mayoría de las veces un elemento esencialmente negativo: el carácter estigmatizante. El destinatario del programa es, en uno u otro, el "pobrecito", el beneficiario, el que no cuenta, el que recibe y debe agradecer que alguien le dé. Ciertamente, eso no contribuye a fortalecer el tejido social ni a prevenir los resentimientos. Al irrespetarse la dignidad de la persona, al despreciar sus capacidades y potencial, cerramos oportunidades de superación personal y colectiva.

Para fortalecer la democracia, es indispensable que la gente la viva, la sienta y la incorpore a sus afectos. A este respecto, múltiples experiencias han demostrado que una manera de propiciar estos sentimientos es aumentando los niveles de participación ciudadana. Las Municipalidades tienen hoy mayores posibilidades para abrir espacios a una mayor participación de las comunidades en la toma de decisiones. En el tema específico del combate a la pobreza, entre mayor protagonismo se brinde a los vecinos del lugar mayor será su compromiso con el empeño gubernamental o municipal. Tal participación puede darse, además, en muchos niveles: en la clara identificación de las causas más directas de la situación de pobreza, en la decisión sobre las obras que se requieren con mayor urgencia para empezar a combatirla, en la ejecución material de esas obras y en la vigilancia y control para asegurar que el tiempo se aproveche, los recursos se administren y se inviertan debidamente, y los objetivos se cumplan.

Pero además, la participación de las comunidades en las decisiones sobre proyectos de desarrollo y en su realización, lleva a que los vecinos generen un sentido de pertenencia hacia obras y servicios y colaboren con más entusiasmo para mantenerlos en buen estado. El beneficiario de las obras concretas que ha seguido paso a paso su realización y ha colaborado con ella, no sentirá que le están "regalando" bienes o servicios, sino que se trata de algo suyo, fruto de su trabajo solidario con otros miembros de su comunidad y con las autoridades nacionales y municipales. Todo ello resulta en la formación de un valioso capital social y en la multiplicación de nuevas y mejores opciones de vida.

La participación protagónica de los vecinos en las acciones de combate a la pobreza puede repercutir en un significativo ahorro de recursos, ya que los aportes y el trabajo personal de los miembros de la comunidad y la vigilancia en la inversión de los recursos contribuirán poderosamente a evitar el despilfarro y el abuso.

Hay personas que temen a la participación popular, porque piensan que ello puede generar turbulencias sociales. La verdad es que generalmente ocurre lo contrario: las revoluciones más violentas de la historia se han dado en sistemas donde la participación ciudadana era mínima o inexistente. Cuando hay un clima de concertación, cuando los ciudadanos se sienten respetados, cuando se habitúan al diálogo y a que sus opiniones sean oídas y aceptadas, las posibilidades de efervescencia social disminuyen considerablemente. Se trata de buscar soluciones de común acuerdo y evitar que se recurra a medidas extremas.

Estimo también que el sector privado, si se une a los esfuerzos por el desarrollo comunitario, está invirtiendo en su propio crecimiento. En efecto, si una comunidad pasa a contar con caminos, agua potable, electricidad, teléfono y servicios más adecuados y eficientes, ofrece condiciones más favorables para que las empresas ya existentes expandan su actividad y lleguen otras nuevas a la zona. El mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos y la existencia de nuevas fuentes de trabajo repercute además en una elevación del poder adquisitivo de la población lo cual contribuye a incrementar los ingresos empresariales.

Hay personas que pueden pensar que los actuales niveles de educación en Centro América no son todavía suficientemente altos como asegurar una efectiva participación. Lo que cabe preguntarse, sin embargo, es qué preparación académica se requiere para saber que el pueblo donde se vive necesita agua potable, o un dispensario médico, o un camino lastreado. En el marco comunal, en el esfuerzo ciudadano por salir adelante, el conocimiento especializado puede ser valioso, pero no es indispensable.

Por supuesto que las acciones de combate a la pobreza pueden ser más efectivas y más duraderas si van acompañadas al esfuerzo de capacitación de los vecinos.

Tanto el gobierno central como el municipal han de procurar que en sus actividades con los vecinos de cada comunidad, se ponga un marcado énfasis en la importancia de los valores democráticos, no solamente en lo que se refiere a al proceso electoral, sino a todo ese conjunto de elementos que constituye la verdadera vivencia democrática: el respeto a la opinión ajena, a las diferencias, la equidad, la tolerancia, la honestidad en la función pública y en la privada, la promoción de la participación ciudadana.

Si en la lucha contra la pobreza ponemos énfasis en la relación entre todos los miembros de las comunidades, fomentaremos en ellos la conciencia de que si progresan los demás, todos progresamos. Todo ello podría tener efectos positivos en la disminución de la pobreza, la delincuencia, el narcotráfico, la degradación ambiental y otros múltiples problemas de nuestra época, y coadyuvar a crear sentimientos de justicia y lograr que los más afortunados se sientan solidarios con los más vulnerables.

El porvenir de los sistemas democráticos en América Central y en el mundo entero depende, en gran medida, de las capacidades que podamos desarrollar para transformar positivamente la vida de las personas. Al respecto, la Municipalidad, como encarnación institucional e inmediata de la democracia, tiene una gran responsabilidad: la de hacer que los vecinos de su entorno se sientan parte de un todo dinámico, capaz de aunar voluntades para generar desarrollo, erradicar la pobreza y abrir nuevos horizontes y oportunidades.

En el mes de octubre de 1810, cuando la América española asistía asombrada y entusiasmada a la aurora de Cádiz, el Ayuntamiento de la Ciudad de Guatemala, poniéndose a tono con la época, redactó un proyecto de Constitución bajo la antorcha de la libertad. Señalaron allí que las funciones de los Ayuntamientos, serían las que estaban designadas por las leyes, y además cito textualmente: "la de promover la felicidad de los pueblos en todos los ramos de que conociera el Gobierno Central, manifestándole por sí mismos, o por medio de sus síndicos, cuanto estimaren útil y conveniente al bien público".

Los tiempos son otros, los desafíos son distintos, pero es innegable que las Municipalidades de hoy, además de las funciones que les atribuyan los instrumentos jurídicos, tienen una inmensa responsabilidad, escrita o no escrita, en cuanto a promover el bienestar de los pueblos.

Llamémosla felicidad como en aquellos días, o calidad de vida en el lenguaje de hoy. Aunemos esfuerzos para que las instituciones municipales de Centro América, en fiel cumplimiento de su misión trascendental e histórica, se conviertan en dinámicos agentes de cambio y hagan del ciudadano no sólo el destinatario, sino también el coprotagonista de sus empeños por un mejor presente y un luminoso porvenir.